LA ASE PRESENTÓ SU PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2020, EN DONDE REQUIERE RECURSOS SUPERIORES A LOS 332 MILLONES DE PESOS. 

SE RECHAZÓ LA CONTRATACIÓN DE ASESORES PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.

En sesión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura, aprobó establecer a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) un tope presupuestal de 8.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, además se aprobó el informe sobre el estado que guarda el proceso de entrega-recepción de la Comisión de Vigilancia con motivo de su renovación. 

Posteriormente la Comisión de Vigilancia, recibió para su análisis el proyecto de presupuesto de egresos de la Auditoria Superior del Estado (ASE) para el ejercicio fiscal 2020, que contempla recursos por el orden de los $ 332 millones 035 mil 973 pesos. 

Más adelante, se aprobó la elaboración del plan de trabajo, así como de la propuesta sobre necesidades presupuestales de la Comisión de Vigilancia. En este último punto se rechazó la propuesta para la contratación de tres asesores para la propia Comisión de Vigilancia al considerar que estarían incurriendo en la duplicidad de funciones, al contar con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control. 

En la integración para la Unidad de Evaluación y Control, diputados y diputadas de la Comisión de Vigilancia, aprobaron la propuesta de 4 perfiles para las coordinaciones administrativas y 1 más que está pendiente por definir en base al perfil que se requiere y que en todos los casos serán enviados a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para su aprobación y contratación. 

De igual forma, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y a petición del diputado Rolando Hervert Lara, se aprobó solicitar a la Auditoria Superior del Estado (ASE), que se audite a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en lo que se refiere su primer año de ejercicio legal a fin de garantizar una correcta transparencia de los recursos y acciones que ejercieron. 

En la sesión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura, estuvieron presentes el presidente, diputado José Antonio Zapata Meráz, así como los vocales, diputada Marite Hernández Correa, y los vocales diputados Edgardo Hernández Contreras y Martín Juárez Córdova. Además del titular de la Unidad de Evaluación y Control, Jorge Ovidio Robledo y la titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE) Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, quien hizo entrega del proyecto presupuestal para el ejercicio fiscal 2020. 

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado José Antonio Zapata Meráz, explicó que en lo que se refiere al presupuesto para la Unidad de Evaluación y Control, se determinó fijar un tope de 8.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, es decir prácticamente 1.6 millones de pesos más en relación a lo que ejercieron en el 2019. 

En este sentido, el legislador Zapata Meráz, explicó que “el titular de la UEC, Jorge Ovidio Robledo, deberá ajustarse a este tope presupuestal de 8.5 millones de pesos, y en base a su plan de trabajo, deberá contemplar la contratación de personal que requiere para cumplir sus objetivos y de materiales que requiere”, señaló. 

También sostuvo que la trasparencia y rendición de cuentas son una prioridad, porque “la fiscalización por parte de la Comisión de Vigilancia va en serio y esto refleja el compromiso de las y los diputados para darle seguimiento, al programa y plan de trabajo de los entes fiscalizadores, así como de la UEC, que tendrá un trabajo importante para supervisar los informes individuales de cada uno de los 114 entes auditables, tomando en cuenta que en el 2020 se deberá de contemplar a la Fiscalía General como un ente autónomo”. 

Por último, los integrantes de la Comisión de Vigilancia, acordaron citar a una reunión de trabajo con la Auditoria Superior del Estado (ASE) el próximo 11 de Octubre, con el fin de que se informe sobre el rezago en materia de fiscalización gubernamental, además el rezago en materia de determinación de responsabilidades. 

Además, de los procesos de ejecución en materia de recuperación económica de las sanciones e indemnizaciones, impuestas por la Auditoria Superior del Estado y su destino.