DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MORENA RESPALDAN INICIATIVA CIUDADANA, QUE BUSCA HACER FRENTE A UNA CRISIS AMBIENTAL.

Diputadas del grupo parlamentario de Morena y el diputado sin partido
Pedro Carrizalez Becerra en el Congreso del Estado, respaldaron una
iniciativa de reforma ciudadana que busca que en San Luis Potosí a
través de una reforma Constitucional Estatal, se reconozcan los
derechos de la naturaleza y cada uno de sus componentes, vinculando
en esta responsabilidad a las instituciones políticas, públicas y sociales
para la búsqueda del interés público.
En rueda de prensa en la que estuvieron presentes las diputadas Marite
Hernández Correa, Rosa Zúñiga Luna y Angélica Mendoza Camacho y
Karen Mendoza Pérez (una de las promotoras de la iniciativa), se explicó
que el objetivo de esta iniciativa es que ante esta crisis ambiental que
vivimos y que afecta a todos como seres vivos, se tiene la necesidad de
crear esta Ley sobre Derechos de la Naturaleza, rompiendo el paradigma
en el sentido de que la naturaleza deje de verse como un sujeto a
explotarse.
La diputada Marite Hernández Correa, destacó que el ser humano como
componente de la naturaleza puede beneficiarse de esta, sin embargo,
debe hacerlo de manera racional para no comprometer la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas. Con este propósito, el Estado debe
fomentar y fortalecer buenas prácticas.
Además, se señaló que se plantea que “todos los daños causados a la
naturaleza y a sus componentes, ya sea en su conjunto o de manera
individual, deberán ser mitigados, remediados y restaurados por las
personas físicas, morales, o bien, autoridades responsables de estos”.
Señaló que en lo particular se busca reformar y adicionar, el Título
Segundo y los artículos, 7º, 9º, 10 y 15 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y es promovida por los
ciudadanos Karen Mendoza Pérez, Emmanuel Mendoza Pérez, Fernando
Díaz-Barriga Martínez; así como las diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MORENA, Marite Hernández Correa, María
del Consuelo Carmona Salas, Angélica Mendoza Camacho, Rosa Zúñiga
Luna, Alejandra Valdes Martínez, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, y
el diputado sin partido Pedro César Carrizales Becerra.
Se destacó que en la iniciativa se busca reformar la denominación del
Título Segundo y los artículos, 7º, párrafos primero, segundo y cuarto;
9º, las fracciones X y XVI del párrafo segundo, así como los incisos a) y
g) de la fracción XVI del segundo párrafo; 10, párrafo segundo; y 15.
Así mismo se adicionan, dos párrafos al artículo 7º, éstos como segundo
y tercero, pasando a ser los actuales segundo a cuarto, los párrafos
cuarto, quinto y sexto; un párrafo al artículo 9º, éste como tercero,
pasando a ser los actuales tercero a quinto, los párrafos cuarto, quinto y
sexto; cuatro párrafos al artículo 15, éstos como segundo a quinto.
La diputada Marite Hernández Correa, explicó que en el titulo segundo
en materia de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza
en su artículo 7o.- “En el Estado de San Luis se reconoce el valor
intrínseco de la naturaleza y de cada uno de sus componentes. Por
ende, son objeto de las instituciones políticas y sociales, la permanente
búsqueda del interés público, la protección de los derechos humanos y
de los derechos de la naturaleza”.
Además, dijo que se plantea que cada componente que integra a la
naturaleza, en su carácter individual o colectivo, será sujeto de aquellos
derechos que se reconozcan en esta Constitución. “En este tenor, es
deber fundamental del Estado y de sus habitantes, garantizar el respeto,
protección y conservación de la naturaleza y de sus componentes. En
consecuencia, el Estado promoverá el progreso social y económico
basado en la observancia de los derechos humanos y de los derechos de
la naturaleza”, agregó.
Dijo que de aprobarse dicha iniciativa, las autoridades estatales y
municipales deberán respetar y hacer respetar tanto dichas garantías,
como los derechos humanos, conforme lo dispongan las leyes
reglamentarias y ordinarias respectivas, así como los tratados
internacionales de la materia. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos y a los derechos de la naturaleza, en los términos que
establezca la ley.