LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, APROBÓ REFORMAS A LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

En sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del
Congreso del Estado, fueron aprobadas modificaciones a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San
Luis Potosí, a fin de que la Fiscalía General del Estado establezca
protocolos especializados para la investigación de hechos de violencia de
género y de desaparición de mujeres y niñas.
El diputado Pedro César Carrizales Becerra, presidente de la Comisión
de Derechos Humanos, indicó que con esta reforma se incluyen
protocolos de investigación especializados, que si bien ya se realizan por
parte de la autoridad para la búsqueda de mujeres reportadas como
desaparecidas, ahora se incluye como parte sustantiva de sus
obligaciones.
“Es un término que no estaba en la ley, si bien la Fiscalía toma en
cuenta el protocolo de búsqueda, ahora al incluirlo se le da la garantía a
las mujeres que sean reportadas como desaparecidas que se
implemente un protocolo al momento y no se tengan que esperar largo
tiempo”, indicó el legislador.
En el mismo sentido, la diputada Alejandra Valdés, quien es promotora
de esta iniciativa, indicó que a pesar de que no se le dio el nombre de
Protocolo Alba, en esencia se mantiene el rango de actuación de la
autoridad para atender los casos de desaparición de mujeres y niñas.
“El protocolo queda tal cual, la Fiscalía está trabajando ya con algunos
aspectos y esto viene a enriquecer el trabajo porque ya estará en la ley
para iniciar con los trabajos de investigación desde el momento en que
exista una denuncia de desaparición, se empiece la búsqueda sin
dilación, no importa el nombre sino la esencia”.
El dictamen respectivo será turnado para votación en una próxima
sesión ordinaria.
Además, en la sesión de comisión se aprobó la reforma a diversos
artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de San Luis Potosí, a fin de establecer una armonización legislativa de
conformidad con los principios de no discriminación, transversalidad e
igualdad sustantiva, reducir las brechas de desigualdad en el ámbito
laboral con la implementación de una cultura institucional, y se generen
criterios para que las autoridades puedan cumplir con sus obligaciones.
El dictamen respectivo será turnado a consideración del pleno para su
votación