POR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN DE NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

El Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la
Fiscalía General de la República a iniciar una carpeta de investigación en
contra de Jesús Murillo Karam por delitos cometidos contra la
administración de justicia en el marco de las investigaciones a su cargo,
en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Las y los legisladores Marite Hernández Correa, María del Consuelo
Carmona Salas, Angélica Mendoza Camacho, Alejandra Valdés Martínez,
Rosa Zúñiga Luna y Edson de Jesús Quintanar Sánchez propusieron
sanciones contra el ex Procurador General de la República, por el
manejo que hizo de las investigaciones a su cargo en su momento.
En su expoisición de motivos. indican que el pasado 7 de julio de 2020,
restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron encontrados
en una zona conocida como Barranca de la Carnicería, en el municipio
de Cocula, a 800 metros del basurero de la localidad, según informó
Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía
General de la República (FGR).
A través de un mensaje, el funcionario indicó que, luego de que la
institución recibió información, se realizaron más de 20 búsquedas.
Entre el 21 y el 29 de noviembre se encontraron restos, de los que seis
piezas fueron enviadas para su análisis a la Universidad de Innsbruck,
Austria.
Durante su mensaje, el fiscal especial insistió en que el hallazgo ocurrió
en una zona distinta a la del basurero municipal de Cocula, un sitio clave
de la investigación de la anterior administración federal, según la cual
los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados.
Desde el sexenio pasado (2012-2018), los familiares de los jóvenes y
organizaciones civiles rechazan esa versión, conocida como «la verdad
histórica». Los nuevos hallazgos en la investigación implican una ruptura
abrupta con la denominada “verdad histórica”, esto último implica que
esta verdad fue construida con dolo, con el objetivo de negar el acceso a
la justicia de los familiares de las víctimas, con el propósito de encubrir
a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de los 43, así
como un cúmulo de irregularidades en la investigación que tienen que
investigarse por cadena de mando, comenzando por el ex procurador
Jesús Murillo Karam.
Recuerdan que estos hechos iniciaron  la noche del 26 de septiembre de
2014, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro
Burgos de Ayotzinapa (Tixtla, Guerrero) se encontraban de paso por el
municipio de Iguala, Guerrero, con el objetivo de reunir recursos y
transporte para llegar a la Ciudad de México para sumarse a las
movilizaciones estudiantiles de exigencia de justicia por el genocidio
perpetrado por el Estado Mexicano el 2 de octubre de 1968 en
Tlatelolco.
Los normalistas fueron atacados por presuntos integrantes del crimen
organizado con apoyo de las policías municipales de Iguala, la policía del
Estado de Guerrero y la Policía Federal con pleno conocimiento y
monitoreo del Batallón de Iguala y los mecanismos de inteligencia del
Gobierno Federal, según diversos reportes. Como resultado de estos
hechos resultaron diversas personas lesionadas, hubo muchos detenidos
y fallecieron seis personas, tres normalistas, dos jugadores del equipo
de fútbol Los Avispones y una mujer que viajaba en un taxi; y
desaparecieron de manera forzosa a 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De las constancias que obran en la averiguaciones previas se desprende
que la PGR ha recurrido sistemáticamente a golpes y torturas para
incriminar a los presuntos responsables de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, con lo que obtuvieron las confesiones de
varios de los detenidos mediante golpizas e incluso choques eléctricos,así como tortura psicológica para que se autoincriminaran o denunciaran
a sus compañeros, generalmente antes de ponerlos a disposición de las
autoridades, algunos marinos reportaron que “se lastimaban solos”.
Asimismo, ninguno de los casi 100 detenidos se encuentra acusado por
el delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada,
secuestro, homicidio, entre otros tipos penales que distan de la
conducta típica que implica la desaparición forzada de personas. Bajo
confesiones obtenidas mediante la tortura la PGR  construyó la
denominada “verdad histórica”.
El Punto de Acuerdo fue turnado para su análisis a la Comisión de
Justicia.